Por: Jorge Villena Larrea
Regidor Municipal Lima Metropolitina - PPC
Los conflictos sociales en el Perú se han incrementado en el presente año, cifras de la Defensoría del Pueblo1 muestran que luego de un ligero descenso con respecto a años anteriores, la conflictividad nuevamente se ha incrementado, también se aprecia el nivel de tratamiento de cada conflicto, apreciándose que en la mayoría de los casos, ya hay en mesas de diálogo en funcionamiento.
Surge la pregunta ¿Esta conflictividad es nueva en el Perú? ¿Acaso antes no existían conflictos sociales? La respuesta es un rotundo, no.
El conflicto es un hecho social inevitable, consustancial a la vida en sociedad, la novedad es que ahora se tiene un ranking de ellos, pero desde que existe el ser humano, existe el conflicto, mas aun en el Perú donde el abandono histórico, la pobreza e inequidad, la corrupción y la demagogia son practicas comunes.
Algunos teóricos definen la Democracia como “La Institucionalización del Conflicto”, asumiendo el conflicto como un hecho natural, y para resolverlo, tenemos como medio las instituciones, regidas por la Ley (Estado de Derecho), esta es la principal virtud de la Democracia: permitirnos resolver pacíficamente nuestras diferencias.
Lo contrario sería la Ley de la Selva (Estado Natural) donde se impone la razón del más fuerte, la tiranía de la turba, la irracionalidad y la intolerancia, por último la violencia, ante esto, el Estado debe restablecer el orden usando para ello las herramientas que permite la Constitución.
El conflicto como hecho social, no es ni bueno ni malo, simplemente existe y es deber de toda autoridad, el atenderlo; pero sobre todo es un derecho constitucional de todo ciudadano expresar su protesta, movilizarse y exigir atención a sus reclamos.
En ese orden de ideas, resulta imprescindible desenmascarar a quienes han salido en coro a denunciar que existe una “criminalización de las protestas” por el hecho que el Estado restaura el orden ante el exceso, cuando una protesta legitima se degenero en un acto de violencia que pone en riesgo la vida y la salud de las personas y la propiedad pública y privada, estas prácticas socialmente nocivas, donde nos agredimos entre peruanos, deben ser detenidas por el Estado
No puede ser demócrata quien justifica la violencia, es incoherente con la Democracia avalar procedimientos de este tipo, pasar por alto el secuestro, relativizar el bloqueo; reclamar airadamente por el dialogo (cuando las cifras oficiales de la Defensoría demuestran que el dialogo es un esfuerzo estatal), ¡cuidado! razonamientos similares usan los terroristas para justificar su brutalidad: la supuesta defensa del pueblo oprimido y sus reivindicaciones sociales.
Es penoso que el Estado tenga que usar la fuerza para restablecer el orden, por hechos de violencia iniciados por quienes tienen agendas políticas cada día más notorias, que alientan a las personas a usar la violencia contra la autoridad, porque se quiere imponer por medio de la fuerza un rechazo ideológico a las inversiones, que son en buena cuenta el objetivo final de los agitadores
Es doblemente penoso que nuestro Estado sea ineficiente ante el conflicto (como ante otros problemas), la modernización del Estado es la gran tarea postergada gobierno tras gobierno, para que el Estado cumpla su rol a plenitud y sirva al ciudadano generando bienestar, pero nada de esto es posible si nuestra economía se detiene.
Criminalizar las inversiones, es la nueva estrategia de esta izquierda despechada, que hoy finge defender el medio ambiente y los derechos humanos, esperando que conflicto se pone de moda para aplicar el manual marxista: “acentuar las contradicciones”, con único objetivo de minar el crecimiento económico y arrinconar al Estado, alentados por el sueño de encumbrarse como nuevo líder de la oposición radical (puesto vacante luego de la elección de Humala) ¿y porque no? ser el próximo candidato presidencial.
